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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Guadalajara ha estimado parcialmente la demanda formulada por Paulino Núñez, ganadero de El Ordial, que el pasado 25 de abril de 2014 sufrió un ataque de lobos a su cabaña ganadera en el que murieron 12 cabras y un ternero.
Este pronunciamiento judicial, contra el que no cabe recurso, podría la puerta a futuras reclamaciones patrimoniales a la Administración por parte de decenas de ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara afectados por frecuentes ataques de lobos y buitres al ganado.
Así, el Juzgador, en la sentencia, de fecha 20 de julio de 2016, entiende que “en el presente caso funda el actor su demanda en la concurrencia de los requisitos que dan lugar a la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, esgrimiendo frente a ella como título de imputación el carácter de especie protegida del lobo y por tanto su no deber de soportar el daño causado por tal cánido y, efectivamente, ello es así si se tiene en cuenta la acción administrativa autonómica en la materia, de la que es exponente el Decreto 114/2014, de 20 de noviembre (DOCM del día 27 posterior) por el que se regula la concesión directa de ayudas a ganaderos de la provincia de Guadalajara para paliar los daños producidos por ataques de lobos”. De este modo, prosigue la resolución, “(…) En tal Decreto se viene a contradecir la primera de las tesis de la Administración para defenderse de la demanda (dado el no pronunciamiento de la obligada resolución expresa en vía administrativa, aunque fuera en sentido desestimatorio) y es que en lugar alguno de su articulado se recoge que el acogimiento a las ayudas que contempla suponga la renuncia al resarcimiento de daños a cargo de la Administración competente en materia de producción del medio ambiente, siquiera en vía de responsabilidad patrimonial, por lo que ninguna vulneración existe en el actor de la doctrina de los propios actos, sino, antes bien, el comprensible propósito de obtener la reparación integral del daño sufrido (…)”.
Por todo ello, el Juzgado estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el ganadero, representado y defendido por el despacho madrileño "Bernad Abogados", acordando así la procedencia de ser indemnizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la cantidad de 5.000 euros.
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