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El Ayuntamiento de Guadalajara había convocado pleno extraordinario este lunes, 28 de febrero, para autorizar de forma expresa la cesión en sus derechos y obligaciones a terceros, entre la actual concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros (TRAPSA) y la mercantil AULUSA, que presta este servicio en las localidades de Lugo y Santiago de Compostela. El desastre empresarial de Díaz-Ferrán está detrás de este nuevo sobresalto para la gestión munciipal de la capital alcarreña.
A las 12.05 se había consumado esta rápida operación administrativa, que no será percibida por los usuarios y que deberá tener su ratificación o su ratificación en 2012, cuando debe renovarse el contrato que hasta ahora venía cubriendo TRAPSA.
La cesión de derechos y obligaciones se produce conforme a lo establecido en el artículo 209 de la Ley de Contratos del Sector Público. Según dicha Ley, es necesario que el cedente (TRAPSA) tenga ejecutado el 20% del contrato (cuestión que a un año de la finalización del contrato está sobradamente cumplida), que tenga solvencia económica y técnica, que esté debidamente clasificado y que no esté incurso en causa de prohibición de contratar con la administración.
Así mismo, y en función del pliego de condiciones económico-administrativas que sirvió de base para la adjudicación de la prestación del servicio vigente, la cesionaria debe certificar una experiencia mínima de cinco años en la gestión de este tipo de prestación en poblaciones de más de 70.000 habitantes, cuestión que cumple.
También es necesario que la cesión se formalice entre el adjudicatario y el cesionario en escritura pública. Con ese fin, el lunes, 28 de febrero, se convocará con carácter de urgencia la Comisión de Contratación y Patrimonio antes del pleno, que verificará el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones exigidas en la Ley de Contratos para su dictamen y traslado al pleno, que es el órgano de contratación que debe autorizar de forma previa y expresa dicha cesión.
El Ayuntamiento destaca que esta circunstancia no afectará en ningún caso a la prestación del servicio de autobuses urbanos de viajeros, que seguirán funcionando con normalidad en la ciudad. También se preservan los puestos de trabajo de todos los empleados.
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