Los grupos de PSOE e IU aprobaron este miércoles en el pleno de la Diputación de Guadalajara una propuesta para un plan de restauración de edificios histórico-artísticos de carácter religioso, en el que se ha incluido a iniciativa de IU una cláusula que pide que este convenio se desarrolle respetando el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Este artículo recoge que las administraciones públicas tomarán medidas para la retirada de escudos y placas de exaltación de la sublevación militar y la Guerra Civil, y que entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
La propuesta se aprobó oralmente con el respaldo de los diputados provinciales de PSOE, el único diputado de IU, y la abstención de los diputados del PP, salvo el voto en contra del popular José Ángel Parra, alcalde de Peñalver.
El acuerdo se enmarca en el Convenio de colaboración entre la Diputación y el Obispado de Sigüenza-Guadalajara, con un marco de actuaciones a ejecutar para la restauración de estos edificios durante el año 2009, por un importe total de 450.000 euros, de los que la institución provincial aporta 300.000 y el Obispado 150.000.
Incluye edificios religiosos de casi una treintena de localidades de la provincia de Guadalajara, entre las cuales se encuentra Cabanillas del Campo, Cogolludo, Espinosa de Henares, Morillejo, Terzaga, Torrejón del Rey, Tórtola de Henares, Valverde de los Arroyos y Villares del Jadraque.
La decisión de incluir la cláusula que pide que estas actuaciones se desarrollen con respeto a la Ley de Memoria Histórica fue pactada entre PSOE e IU, y aprobada oralmente, por lo que será incluida cuando el convenio se publique en acta.
El artículo 15 de esta Ley establece que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para "la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura"; y que entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
También estipula que lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando "las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley".
Por último, la Ley afirma que el Gobierno "colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior, y que las administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo".
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