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El Gobierno de la Nación ha afirmado que la Constitución y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas determinan que la Iglesia Católica no puede apropiarse de “bienes de dominio público”, razón por la que el Ejecutivo prepara un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia, detallando sobre cuáles tiene derecho el Estado.