El consejero de Educación y Ciencia, José Valverde, avanzó el lunes que en la región se han devuelto un total de 2.057 objeciones a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) de las 4.413 presentadas, ya que eran "papeles" que no tenían ningún dato correcto o no presentaban el domicilio donde poder notificar algo.

A propósito de una pregunta oral del Partido Popular sobre la solución que se va a dar por parte de la Consejería a las objeciones presentadas realizada en las Cortes por la diputada María Jimena Crespo, Valverde, señaló que en un estado democrático las administraciones "deben cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente".

Crespo, no obstante, apuntó que "si se va a abandonar a los padres" la Administración regional se debería adelantar a la impartición de la asignatura "con una solución democrática que les permita el ejercicio de la libertad de enseñanza".

Valverde insistió en que no se puede obviar el ordenamiento jurídico "mientras este esté vigente" y agregó que "si ya resulta lamentable que se cuestione por organizaciones democráticas, mucho más lamentable cuando lo que se critica y alienta se opone a día de hoy a la doctrina del Tribunal Constitucional".