De acuerdo con lo que dispone el artículo 405 del Código Penal, estos nombramientos efectuados por decreto del presidente de la Diputación pudieran ser constitutivos de delito, pues literalmente dice: “A la autoridad o funcionario público que, en ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.” Disputa por las ayudas a las pequeñas obras
Por otra parte, el PP considera que los municipios gobernados por el PP, cuando reciben ayudas para pequeñas obras lo hacen en una proporción nueve veces inferior que los del PSOE. La convocatoria, a la que acudieron por igual municipios del PSOE y del PP, en torno al 89% presentó solicitud de ayudas, se han resuelto de la siguiente manera, según las cuentas del Partido Popular: a los municipios gobernados por el PSOE, se les han concedido el 84% de las ayudas y a los del PP, el 16%. Las diferencias serían todavía mayores sobre todo en el tramo de municipios entre 100 y 250 habitantes, donde la desproporción llega a ser de hasta nueve veces menos (el 92% frente al 8%). Las desigualdades en el trato se repetirían en todos los tramos de población: el doble menos para municipios menores de 100 habitantes, cinco veces menos para los municipios entre 251 y 500 habitantes, cero patatero para los municipios entre 501 y 1.000 habitantes, tres veces menos para los comprendidos entre 1.001 y 2.000 habitantes y lo mismo para el siguiente tramo, entre 2.001 y 5.000 habitantes, según la interpretación que el PP hace de las cifras.
